EXTENSO – DAÑOS AMBIENTALES DE LA MINERÍA EN EL PERÚ: ¿QUÉ HACER CON ELLOS?

Introducción

Los ecosistemas son espacios estructurados por componentes físicos, químicos y biológicos que interactúan entre sí y funcionan en equilibrio, y que proporcionan servicios imprescindibles para el hombre. Muchos de los servicios ecosistémicos constituyen la base de las cadenas de valores más importantes que sustentan la economía del Perú, pero sin embargo, sufren presiones que ponen en peligro su funcionamiento y sustentabilidad. En las últimas décadas, el aumento de los casos de impactos ambientales producidos por la actividad minera a lo largo del Perú, se ha traducido en una preocupación creciente sobre la manera como se desarrolla y controla esta actividad. Los daños a la integridad y funcionamiento de los ecosistemas y a la salud de las personas, causados por una deficiente planificación y evaluación previa, por condiciones técnicas inadecuadas de las operaciones y del tratamiento de los productos minerales y desechos, y por el mal manejo de los pasivos ambientales de origen minero y la falta de cumplimiento de los planes de cierre, ha permitido identificar una serie de vacíos y debilidades legales en la regulación de la actividad minera, que en muchos casos, permiten una larga estela de destrucción y deterioro irreparable de ecosistemas.

En este artículo se analizan conceptos básicos sobre el origen, mecanismos e impactos de los daños ambientales ocasionados por la minería; se evalúan aspectos legales y normativos sobre el control de esta actividad y la  responsabilidad en la reparación de los daños; y se aportan sugerencias para la prevención y gestión de impactos ecológicos.

 

Perspectivas y metas sobre daños ambientales

A lo largo de nuestra historia, la minería ha sido uno de los principales motores de la economía, y uno de los argumentos más poderosos de la riqueza del Perú. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a nivel mundial y latinoamericano, el Perú se ubica entre los primeros productores de oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, entre otros, que tienen gran demanda en el mercado de Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea. A nivel  macroeconómico, esto representa una cifra significativa en las exportaciones, tributos y en la generación de empleo en el Perú. De acuerdo con el Banco Central de Reserva, las exportaciones mineras alcanzaron los US$ 20 545 millones en 2014, lo que representó el 51.9% del total de exportaciones anuales. Dicho porcentaje se incrementa si se consideran los minerales no metálicos y otros productos, llegando a US$ 22 789 millones, equivalentes al 57.95%. A pesar de estas cifras prometedoras, la actividad minera es también el origen de muchos desencuentros e inequidades sociales, que han cobrado fuerza en las últimas décadas, y de daños significativos al ambiente.

Un daño ambiental ocurre cuando se produce la pérdida, disminución o degradación significativa de uno o más de los componentes o compartimentos ambientales (Ghersi et al., 2004). Estos daños pueden ocurrir de manera rápida en cortos periodos, o mostrar sus efectos de manera lenta a lo largo del tiempo (Parellada, 2005). Entre ellos, tenemos la alteración de los ríos, lagos y zonas marino costeras, y del aire, suelos, flora, fauna y paisajes, por el vertimiento o emisiones de residuos minerales y gases con alto contenido de metales tóxicos; la deforestación de la cobertura vegetal, que pone en peligro la estabilidad de taludes y los procesos de almacenamiento e infiltración del agua en el suelo; y la eliminación o disposición inadecuada de residuos minerales y escombreras, que ocupan áreas mayormente expuestas a la intemperie, y que los ponen en contacto con el entorno y las personas. Si bien el daño ambiental puede ser puntual en términos de áreas geográficas, es también colectivo, pues las aguas, la atmósfera, la flora y la fauna afectadas, son bienes que pertenecen a todo un grupo social o colectividad, que ven afectada su capacidad para usar y aprovechar de manera racional los servicios que les brinda (Brañes, 2000; Wieland & Velarde, 2008).

El numeral 22 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho fundamental de todo ciudadano a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Para el ejercicio idóneo de este derecho, el Estado ejecuta políticas públicas que expresan acciones de prevención y conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas; de planificación y ordenación territorial; de gestión ambiental de los recursos naturales y las áreas naturales protegidas; de evaluación del impacto ambiental de las actividades económicas; de fiscalización de las obligaciones ambientales de las empresas; y de remediación de los impactos ambientales negativos. Al respecto, el Tribunal Constitucional sostiene que “el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado comprende la facultad de las personas de disfrutar de un ambiente en el que sus elementos interactúan de manera natural y armónica; y en el que la intervención del hombre no suponga una alteración sustantiva de la interacción de dichos elementos. Por su parte, el derecho a la preservación de un ambiente sano y equilibrado implica que los poderes públicos asuman la obligación ineludible de mantener los bienes ambientales en condiciones adecuadas para su disfrute. Tal obligación también alcanza a los particulares, y con mayor razón, a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa o indirectamente, en el ambiente” (Gómez, 2013).

Las obligaciones expresadas líneas arriba implican que las empresas que están involucradas en la explotación minera, deben asumir la responsabilidad de los costos de los potenciales impactos en el ambiente. Sin embargo, estas empresas    suelen “externalizar” sus costos ambientales, lo que significa que, sin una fiscalización apropiada o incentivos tributarios atractivos, no invertirán en el tratamiento y eliminación adecuada de sus residuos. Por el contrario, los liberarán tal cual al ambiente, ahorrándose el gasto que supone tratarlos o limpiarlos, el cual trasladarán a la sociedad. Bajo este esquema, una externalidad negativa aparece cuando el responsable no asume los costos del daño ambiental ocasionado por la contaminación de la operación minera. Esto significa que quienes explotan el mineral retienen los beneficios económicos, mientras que los costos ambientales los transfieren a la sociedad en su conjunto, la cual no se beneficia de ninguna manera, y por el contrario, termina subsidiando su actividad (Ghersi et al., 2004; Lanegra, 2008).

Tomando en consideración los diferentes aspectos mencionados en los párrafos anteriores, las metas más urgentes para el 2021 y a largo plazo, deben estar orientadas a identificar, evaluar y remediar los daños ambientales más críticos para mitigar su impacto en la integridad de los ecosistemas y en la salud humana. Sin embargo, para que este proceso tenga éxito deben modificarse y adecuarse los aspectos legales y normativos sobre el control y fiscalización de esta actividad y sobre la  responsabilidad en la reparación de los daños ambientales. Solo de esta manera se podrá prevenir sus impactos y hacer una gestionar integral del problema.

 

¿Por qué es importante evaluar los daños ambientales?

Uno de los pasivos ambientales más comunes es el drenaje ácido de roca, que se produce cuando las formaciones geológicas ricas en materiales sulfurosos y las escombreras se exponen al oxígeno y al agua, formando ácido sulfúrico, que disuelve y moviliza con facilidad metales como el hierro, cobre, aluminio y plomo (Yupari, 2003). De manera similar, la contaminación minera se produce principalmente por el drenaje ácido de mina, causado por la oxidación y lixiviación de minerales sulfurosos. Cada caso es distinto, y se requiere una adecuada caracterización de la roca de mina y de los materiales de desecho para un adecuado tratamiento de las aguas ácidas. Entre las principales amenazas, se encuentran los pasivos ambientales mineros (PAM), que son regulados por la Ley 28271, de julio de 2004. Según esta ley, los PAM son instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras abandonadas e inactivas en la actualidad y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema y la propiedad. En la actualidad, se exigen planes de cierre al inicio mismo de la explotación, pero el proceso es largo y puede presentar complicaciones, por ejemplo, por una inadecuada evaluación del proceso de remediación. Las actividades para el cierre de instalaciones de desperdicios de minas consideran desde refacciones básicas para mejorar la derivación y escorrentía de las aguas superficiales hasta una nivelación completa, colocación de una cobertura orgánica y de suelo, y revegetación con flora nativa. De acuerdo con las condiciones geográficas y climáticas las operaciones pueden ser más complejas. Al final, en el lugar debe haber una estabilidad física y química tal, que la salud humana y el medio ambiente no resulten perjudicados. La tierra debe poder servir de hábitat para la flora y fauna silvestres, o para un uso beneficioso en actividades tan diversas como la agricultura, pastoreo, recreación o, nuevamente, la explotación minera.

En el Perú, existen muchos casos en los que la minería ha tenido un impacto ambiental crónico por la liberación de residuos químicos, relaves, gases tóxicos, polvos, drenajes ácidos y destrucción irreversible de ecosistemas. Entre ellos, podemos mencionar a La Oroya y Cerro de Pasco y las emisiones de plomo, Ticapampa y la contaminación polimetálica, Choropampa y el accidente masivo de mercurio, Madre de Dios, y la destrucción del bosque y liberación de cianuro y mercurio, etc. En la actualidad, casi toda región donde se ha desarrollado o se desarrolla la explotación minera, muestra el deterioro de la calidad de sus ecosistemas, lo que se evidencia en distintas formas y niveles de contaminación del agua superficial y subterránea, los suelos, el aire, la flora y la fauna. Este proceso no solo afecta la estructura, funcionamiento y ciclos de materia y energía de los ecosistemas, sino que altera los beneficios que la sociedad obtiene de ellos (p. ej, servicios ecosistémicos) y las cadenas de valores y actividades económicas que dependen de su productividad.

Los recursos hídricos se cuentan entre los más amenazados y afectados por la actividad minera y metalúrgica. Esto puede ocurrir de forma directa, a través del vertido en ríos, lagunas y ambientes marino costeros de efluentes que superan los límites máximos permisibles de metales tóxicos establecidos por la normativa peruana e internacional, y de manera indirecta, por deposición de polvo y partículas, que adsorben cationes metálicos, en ecosistemas acuáticos. Por cualquiera de estos medios, los desechos metálicos se acumulan en aguas superficiales, la columna de agua y los sedimentos, exponiendo a la flora y fauna acuáticas. En ambos escenarios, podemos considerar el proceso de biomagnificación, mediante el cual, las concentraciones y toxicidad de los metales se incrementan en la cadena alimenticia, desde los productores hasta los consumidores, incluyendo al hombre.

El aire es también un ambiente contaminado por los grandes volúmenes de emisiones gaseosas producidas por plantas de fundición y operaciones mineras, provocando sobre todo enfermedades respiratorias en los habitantes de poblados cercanos  a las actividades mineras, y diversos efectos en la fauna y la flora local. Es necesario mencionar que los metales contenidos en los humos y gases, pueden también depositarse en los suelos y todo tipo de superficies, los cuales son transportados a grandes distancias por el viento, sobre todo en la estación seca.

Uno de los casos más resaltantes por el efecto negativo de la actividad minera es el de Cerro de Pasco, donde se registra una elevada contaminación por metales tóxicos, como el plomo, arsénico y cadmio, y aguas ácidas, en suelos y sedimentos, ríos y lagunas, y la atmósfera. A través de estos compartimentos ambientales, la población se ha visto seriamente afectada desde hace décadas, acumulando estos metales en sangre, cabello y orina en dosis que superan los límites máximos aceptados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto ha producido daños en el desarrollo del sistema nervioso y retraso en el aprendizaje, malformaciones y desarrollo anormal de las estructuras óseas, pérdida de la visión, complicaciones estomacales, queratinización de la piel, insuficiencia renal y respiratoria, entre otros serios problemas. Aquí es importante mencionar que las rutas de exposición más probables son la directa, a través del contacto con las vías respiratorias y la piel, y la indirecta, a través del alimento.

Otros daños ambientales irreparables se observan en la Región de Madre de Dios, una de las más biodiversas del Perú y del mundo, que forma parte del corredor de conservación Vilcabamba-Amboro. Debido al rápido incremento del precio internacional del oro, y también por la construcción de la Carretera Interoceánica, decenas de miles de mineros ilegales han proliferado exponencialmente, causando a su paso un desastre ambiental sin precedentes y un complejo escenario de conflictos sociales (Arriarán y Gómez 2008, AIDER y Recavarren 2011). En los últimos diez años, la expansión de esta práctica ha destruido más de 50 mil hectáreas de bosques, y extensas áreas de ríos, lagunas y pantanos (Asner et al., 2013). Esto ha traído como consecuencia una terrible pérdida de hábitat para muchas especies, a la que se suma los grandes movimientos de suelos y sedimentos, que han alterado también los sistemas naturales de drenaje y la han convertido en una zona estéril.

Con respecto a la contaminación, esta actividad continúa liberando al aire, el agua y los suelos más de 40 toneladas de mercurio por año (ya que no se utiliza ningún circuito cerrado), que se requiere para extraer y concentrar el oro, además de plomo y arsénico, lo que produce un escenario altamente tóxico para el ambiente y las personas. Un aspecto importante es que el mercurio liberado al ambiente es asimilado y transformado por las bacterias en metil mercurio, que es la forma más tóxica de este metal y uno de los compuestos orgánicos más nocivos para el ambiente y la salud humana. En efecto, se ha reportado que las grandes ciudades y pequeños pueblos, comunidades agrícolas y mineras, y en particular, las mujeres, los niños y los pueblos indígenas de Madre de Dios están expuestos a estos metales a través del consumo de peces, que son la principal fuente de proteínas en la amazonía, y que entran en contacto con ellos en los cuerpos de agua. Este proceso de biomagnificación se traduce en un 60% de peces de consumo contaminados con mercurio en Puerto Maldonado, y que superan los estándares permitidos por la OMS, como lo demuestra los estudios del Proyecto CAMEP del Carnegie Institution for Science de la Universidad de Stanford. Esta investigación, también determinó que el 78% de los adultos evaluados en Puerto Maldonado tienen niveles de mercurio en cabello tres veces superiores a los límites máximos permitidos. En las comunidades nativas y rurales, los pobladores tienen mercurio hasta cinco veces el límite aceptable, y los pobladores que viven más cerca de las zonas mineras tienen hasta 8 veces más mercurio que el límite establecido por la OMS. Lo más grave es que uno de los grupos más afectados es el de las mujeres en edad fértil, quienes presentaron los niveles de mercurio más altos. En el caso de embarazo, el mercurio puede transmitirse al feto y causar daños neurológicos. Esto trae una gran preocupación, pues indica que la salud de toda una generación en Madre de Dios estaría permanentemente afectada debido a la exposición crónica al mercurio.

 

¿Cómo gestionar el cambio para evitar y controlar los daños ambientales?

La gestión ambiental en el Perú se ha desarrollado de una forma desigual entre los diferentes sectores involucrados. Dentro de la autoridad de cada sector, se han creado unidades responsables de regular el control de la contaminación y del manejo ambiental. Entre los principales, tenemos el sector Energía y Minas, que desarrolla normas sectoriales basadas en las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA), Gestión Ambiental y Planes de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que incluyen además a los subsectores de electricidad y de hidrocarburos; y el sector Ambiente, que ha actualizado e implementado los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP) para aguas con diferente uso, suelos de uso agrícola y aire. Además de ellos, se han establecido también unidades ambientales en los Ministerios de Producción, de Transportes y Comunicaciones, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento. A pesar de estos esfuerzos, el acercamiento de los diferentes sectores a la gestión y control de la contaminación ambiental en el Perú, ha demostrado debilidades y vacíos importantes, que incluyen variaciones en el desarrollo de regulaciones apropiadas para proteger el ambiente a través de cada sector, y una limitada capacidad de las instituciones para aplicar de manera efectiva y garantizar el cumplimiento de esas regulaciones (Banco Mundial, 2007).

Probablemente, el primer paso para solucionar el delicado problema de los daños ambientales en el Perú, sea crear un marco normativo integral, adecuado a la realidad económica y social de todos los mineros, grandes y pequeños, formales e informales, que permita regular todo el proceso de extracción, tratamiento, transporte y comercialización. Esto implica, por ejemplo, simplificar de manera significativa los mecanismos de formalización para mineros artesanales filonianos de zonas desérticas, restringir el uso de sustancias tóxicas, como el mercurio y cianuro fuera de plantas formales de tratamiento de minerales, e impulsar la construcción de plantas de procesamiento de alta tecnología y formalizar las existentes para ejercer un mayor control y gestión ambiental. Sobre este último aspecto, existen instrumentos administrativos, como los planes de cierre de actividades mineras y los de descontaminación y tratamiento de pasivos ambientales. Con el objetivo de llevar a cabo un esquema de restauración ambiental, que consiste en mitigar y revertir los efectos dañinos en los diferentes ecosistemas, es necesario planificar e implementar un conjunto de estrategias y acciones para mejorar las condiciones y recuperar la calidad del ambiente degradado. Estas acciones pueden estar dirigidas a recuperar completamente las condiciones originales del ecosistema, a estabilizar las funciones ambientales alteradas y recuperar aquella capacidad que provea del mayor provecho productivo o económico para la población. Las estrategias que se elijan deben estar de acuerdo al tipo de contaminación y a la magnitud del daño producido por el pasivo ambiental que se quiere remediar.

El marco normativo e instrumentos administrativos descritos líneas arriba, no solo deben estar orientados a mitigar y remediar el deterioro ambiental, sino también a prevenir las principales causas de los desastres ecológicos producidos por la actividad minera. En muchos casos, la magnitud de estos desastres se ha visto incrementada por la actitud negligente de las empresas y administraciones, la presencia de poblaciones cercanas, las características específicas y fragilidad de los ecosistemas donde se ubican las explotaciones mineras, la inexistencia de planes e instalaciones de emergencia, la falta de un plan de ordenación del territorio y la dilatada actividad minera en el área de explotación. Entre las medidas que deben adoptarse están asegurar la existencia y correcta elaboración de los estudios de impacto ambiental (EIA) apropiados para la zona de explotación; realizar los estudios técnicos adecuados para evitar errores en el diseño, y consecuente fallo de las estructuras, como instalaciones, presas, escombreras y pilas de lixiviación, utilizadas para el almacenamiento de residuos; aplicar la tecnología más avanzada disponible para el proceso completo de explotación de minerales; y utilizar las medidas de protección ambiental pertinentes relacionadas con los posibles riesgos en el lugar de explotación (Rodríguez et al., 2009).

Una estrategia económicamente atractiva para gestionar los PAM dispersos en el país, y mejorar la calidad de vida de las poblaciones que viven cerca de ellos, es la que ha propuesto la empresa estatal Activos Mineros, a través de la licitación de estas áreas para recuperar los minerales del residuo a un costo ventajoso. Hoy en día, existen cerca de 130 millones de toneladas de PAM acumuladas por más de 50 años de actividad minera, y que contienen altos niveles de plomo y zinc, que representan un gran interés debido a los significativos precios que han alcanzado estos metales. Así, este proceso significaría un beneficio social donde las regalías percibidas por el Estado, serían destinadas a las poblaciones comprometidas. Esta iniciativa implica un diagnóstico estratégico que permita identificar y llevar a cabo objetivos específicos vinculados con los lineamientos políticos nacionales, a fin de diseñar los indicadores para el seguimiento de sus avances.

La remediación de relaves y desperdicios mineros, debe ser abordada con procedimientos basados en tecnologías limpias, que no solo incorporen los métodos físicos y químicos tradicionales, sino la aplicación de nuevos horizontes tecnológicos, como la nanotecnología y la tecnología de los materiales, orientadas a la elaboración de nanoestructuras y biopolímeros eficientes en la remoción de metales de aguas y suelos. En combinación con esta aproximación, se presenta una alternativa muy utilizada en todo el mundo orientada a la aplicación de ‘tecnologías verdes’, que implican innovaciones biotecnológicas basadas en las capacidades de la flora y suelos nativos para la acumulación y secuestro de metales, y de microorganismos para la transformación de los metales en formas inocuas y estables, que no representan un riesgo para la biodiversidad o la salud de poblaciones humanas. Esta función remediadora de la biota y los suelos puede sistematizarse y aprovecharse en estructuras verdes, como los pantanos artificiales, que limpian de manera controlada las aguas ácidas y contaminadas por metales, de la misma manera como lo hacen los bofedales y páramos en las cabeceras de cuenca (Palomino et al., 2009).

Si bien la aplicación de tecnologías es imprescindible para mitigar el impacto de los daños ambientales, la educación y formación en esta área garantiza una gestión sostenible del problema. Por ello, una acción necesaria es la creación de centros de capacitación, con apoyo y experiencia nacional e internacional, para entrenar a profesionales peruanos especialistas en la remediación ambiental, sobre todo en aquellos lugares que sean considerados de mayor riesgo por sus probables efectos nocivos en la población más vulnerable, como las mujeres, jóvenes, niños y comunidades indígenas. La creación de centros de investigación y capacitación debe abordar áreas críticas, como investigar, aplicar y difundir técnicas científicamente guiadas para remediar la degradación pasada del medio ambiente y restaurar y reforestar las tierras afectadas por la minería; desarrollar métodos rentables y de vanguardia para detectar y remover los metales en las personas y el medio ambiente; incorporar programas en tres niveles de educación especializada: básica, universitaria, y profesional, necesarios para desarrollar la capacidad profesional local para mitigar los impactos actuales, crear conciencia pública acerca de la salud y el medio ambiente, y reducir futuros riesgos de salud pública y ambiental.

Como parte de estas actividades esenciales de investigación y educación, los centros deben servir como un articulador de colaboraciones para atraer a nuevos científicos ambientales y de salud pública peruana e internacional, un centro de recursos para fortalecer la capacidad de los estudiantes locales y profesionales del sector privado/público y conducir la investigación a la creación e implementación de soluciones. El objetivo de estos centros debe estar orientado a cambiar el futuro de los paisajes afectados por la minería y pasar de un ciclo de degradación del ambiente y las crecientes amenazas al bienestar humano, a un ciclo positivo de la iniciativa empresarial, la seguridad de la tierra, la salud humana y la prosperidad.

 

¿Cuánto cuesta lograr la meta del bicentenario?

El régimen general de responsabilidad ambiental (2005) establecido por la Ley General del Ambiente, y los regímenes particulares, han creado un escenario legal confuso que viene perjudicando la labor y eficacia del derecho ambiental peruano. Bajo este modelo, cuando el Estado identifica con medios probatorios al causante de un daño ambiental, el costo debe ser asumido por el que contamina. Sin embargo, cuando no se puede identificar al causante o no se puede obtener de él los medios económicos para reparar el daño, el costo debe ser asumido por la sociedad y las generaciones futuras, y reparado por el Estado. En algunos casos, como el de la minería ilegal del oro en nuestra Amazonía, estas responsabilidades pueden incluso traspasar las fronteras de nuestro territorio, lo que podría enfrentar al Perú a posibles demandas internacionales por daños ambientales ocasionados por el mercurio arrastrado por las corrientes de los ríos en países amazónicos limítrofes.

En 2014 se hizo un inventario de los PAM que nunca fueron cerrados y que siguen contaminando los recursos naturales y la vida de las comunidades humanas aledañas. Según el MINEM, existen 8616 pasivos (de los cuales, 4281 son considerados de alto y muy alto riesgo) a lo largo de 21 departamentos, que fueron abandonados desde 1920 a la fecha, y algunos, incluso, provienen de la Colonia. La Región Ancash es la más contaminada, con 1251 pasivos, seguida de Cajamarca (1075), Puno (1050), Huancavelica (858) y Junín (637), que en conjunto representan 56.5% de los PAM detectados (Balta, 2011). Se trata de los territorios más afectados, pero no son los únicos. La Dirección General de Minería ha calculado en más de US$ 500 millones la inversión para remediar el daño ambiental que causan estos PAM y un periodo de, por lo menos, cuarenta años dentro del plan que el Estado inició desde el 2010 para cerrar los pasivos e identificar a los responsables. En muchos casos, ésta será una labor casi imposible, pues muchas concesiones abandonadas y áreas destruidas le pertenecían a empresas que ya no existen o cuyos dueños y herederos, simplemente, han desaparecido. Según la Defensoría del Pueblo (2015), 7531 casos carecen de responsables y estudios ambientales.

Con respecto al cálculo del valor de los daños producidos por la actividad minera sobre los recursos hídricos, es necesario señalar que una grave deficiencia estructural del actual sistema normativo, es que las sanciones a las infracciones ambientales se basan en criterios administrativos. Esto quiere decir que la multa, calculada a partir de una escala monetaria fija (Unidad Impositiva Tributaria – UIT), sanciona la falta administrativa por exceder un LMP de un parámetro ambiental contaminante, o por no contar con un registro de monitoreo de los contaminantes emitidos, pero no se establece sobre la base de criterios económicos (cualitativos y cuantitativos), que reflejan el potencial daño de la contaminación minera sobre el ambiente. Por ello, la normativa debería modificarse para que las multas se impongan por el impacto de los contaminantes en el ambiente y no solo por el volumen del contaminante vertido. En la actualidad, por ejemplo, las multas son proporcionales al número de reincidencias por incumplimiento de las normas, y no por la cantidad de contaminante emitido. Según este criterio, el vertimiento de 10 miligramos por litro (mg/L) de arsénico en un cuerpo de agua recibe la misma sanción que la emisión de 10 000 mg/L, aun conociendo que el segundo caso conlleva un impacto mucho mayor que el primero (Herrera & Millones, 2012).

En 2012 Herrera & Millones calcularon el costo económico de la contaminación del agua por la actividad minera en los años 2008 y 2009 para un conjunto de 28 y 37 unidades mineras, respectivamente, ubicadas en Ancash, Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lima, Pasco. Para ello, se usaron metodologías no paramétricas y paramétricas, y se consideraron trece factores contaminantes regulados actualmente por el Decreto Supremo No. 010-2010-MINAM y que tienen una influencia negativa sobre los recursos hídricos cercanos a la actividad minera. Estos son: potencial de hidrógeno, sólidos totales sus­pendidos, plomo, cobre, zinc, hierro, arsénico, cianuro, cadmio, mercurio, cromo, níquel y selenio. Las estimaciones se realizaron de acuerdo al criterio económico de la Eficiencia Medioambiental, que establece que las empresas mineras son ambientalmente eficientes si pueden incrementar su producción, con la tecnología disponible, sin dañar el medio ambiente. El costo económico de la contaminación se estimó a partir de los ‘precios sombra’, es decir, los que tienen los bienes en condiciones de competencia perfecta, incluyendo los costos sociales además de los privados. El precio sombra fue calculado a partir del valor monetario que las empresas mineras dejarían de ganar si tuvieran que reducir en 1 mg/L la contaminación ambiental que generan. Esto equivale a la relación indirecta entre el incremento de la producción de minerales que se puede vender a precios de mercado y la reducción de la contaminación ambiental que genera el proceso productivo. Así, el costo de la contaminación minera se calculó a partir del resultado del producto de dichos precios sombra para cada parámetro contaminante y los valores promedio anuales vertidos en los recursos hídricos, que superaron los LMP. Según este estudio, para el año 2008 y 2009, respectivamente, el costo económico de la contaminación ambiental minera sobre los recursos hídricos ascendió, en promedio, a US$ 814.7 en el 2008 y a US$ 448.8 millones, en el 2009. Dicho costo económico estuvo concentrado en pocas unidades productivas metalúrgicas y no mineras, y resultó ser mayor en unidades mineras con producción media/baja de minerales.

 

 

 

 

 

 

Citas bibliográficas

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