Impacto y remediación de los pasivos ambientales mineros en el Perú

Dr. Raúl Loayza Muro

Laboratorio de Ecotoxicología – LID

Facultad de Ciencias y Filosofía

Universidad Peruana Cayetano Heredia

Correo-e: raul.loayza@upch.pe

¿Qué metas debe lograr el Perú al 2021?

La minería es uno de los principales motores de la economía peruana, y a lo largo de la historia, ha sido uno de los argumentos más poderosos de nuestra riqueza. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a nivel mundial y latinoamericano, el Perú se ubica entre los primeros productores de oro, plata, cobre, plomo, zinc, hierro, estaño, molibdeno, entre otros, siendo de gran demanda en el mercado de Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Canadá y la Unión Europea. A nivel  macroeconómico, representa una cifra significativa en las exportaciones, tributos y en la generación de empleo en el Perú. De acuerdo con el Banco Central de Reserva, las exportaciones mineras alcanzaron los US$ 20 545 millones, lo que representa el 51.9% del total de exportaciones del año 2014. Dicho porcentaje se incrementa si se consideran los minerales no metálicos y otros productos, llegando  US$ 22 789 millones, equivalentes al 57.95%. A pesar de estas cifras prometedoras, la actividad minera es también el origen de muchos desencuentros e inequidades sociales que han cobrado fuerza en la última década, y de daños significativos al ambiente. En años recientes, la percepción de los impactos ambientales causados por el manejo inadecuado de los pasivos ambientales mineros (PAM), se ha traducido en una preocupación creciente sobre los procesos de extracción, que en algunos casos se realizan sin respetar el ambiente. Por otro lado, se ha identificado vacíos legales sobre el marco normativo que regula la actividad minera y el tratamiento de los PAM, y que llevan a impactos, muchas veces irreparables, al ambiente a lo largo de nuestro país. Entre ellos tenemos, la degradación de las aguas de los ríos, lagos y mares producida esencialmente por el vertimientos de residuos minerales con alto contenido de metales tóxicos; la degradación del aire, suelos, flora, fauna y paisaje, generada por los vertimientos o emisiones, la deforestación de la cobertura vegetal, que bien pondría en peligro la estabilidad de taludes y los proceso de almacenamiento del agua en el suelo; y la eliminación o disposición inadecuada de residuos minerales y escombreras, y que ocupan áreas que mayormente se encuentran a la intemperie.

Los ecosistemas son espacios estructurados por componentes físicos, químicos y biológicos que interactúan entre sí y funcionan en equilibrio, y que proporcionan servicios imprescindibles para el hombre. Mucho de estos servicios ecosistémicos constituyen la base de las cadenas de valores más importantes que sustentan la economía del Perú, pero sin embargo, sufren presiones que ponen en peligro su estabilidad y sustentabilidad. Entre las principales amenazas, se encuentran los pasivos ambientales de origen minero. Según la Ley 28271, que regula los pasivos ambientales de la actividad minera (publicada el 6 de julio de 2004), los pasivos ambientales son aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras abandonadas e inactivas en la actualidad y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema y la propiedad. Por ello, la meta a lograr en 2021 debe estar orientada a identificar, evaluar y remediar los PAM más críticos, mitigando su impacto en el funcionamiento de los ecosistemas y, sobre todo, en la salud humana.

¿Por qué?

El numeral 22 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú reconoce el derecho fundamental de todo ciudadano de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Para el ejercicio idóneo de este derecho, el Estado ejecuta políticas públicas que expresan acciones de prevención y conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas; de planificación y ordenación territorial; de gestión ambiental de los recursos naturales y las áreas naturales protegidas; de evaluación del impacto ambiental de las actividades económicas; de fiscalización de las obligaciones ambientales de las empresas; y de remediación de los impactos ambientales negativos. Al respecto, el Tribunal Constitucional sostiene que el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado comprende la facultad de las personas de disfrutar de un ambiente en el que sus elementos interactúan de manera natural y armónica; y en el que la intervención del hombre no suponga una alteración sustantiva de la interacción de dichos elementos. Por su parte, el derecho a la preservación de un ambiente sano y equilibrado implica que los poderes públicos asuman la obligación ineludible de mantener los bienes ambientales en condiciones adecuadas para su disfrute. Tal obligación también alcanza a los particulares, y con mayor razón, a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa o indirectamente, en el ambiente.

La contaminación minera se produce principalmente por el drenaje ácido de mina, causado por la oxidación y lixiviación de minerales sulfurosos. Cada caso es distinto, y se requiere una adecuada caracterización de la roca de mina y de los materiales de desecho para un adecuado tratamiento de las aguas ácidas. Actualmente, se exigen planes de cierre al inicio mismo de la explotación, pero el proceso es largo y puede presentar complicaciones, una de ellas por una inadecuada evaluación del proceso de remediación. Las actividades para el cierre de instalaciones de desperdicios de minas consideran desde refacciones básicas para mejorar la derivación y escorrentía de las aguas superficiales hasta una nivelación completa, colocación de una cobertura de suelo y orgánica, y revegetación con flora nativa. De acuerdo con las condiciones geográficas y climáticas las operaciones pueden ser más complejas. Al final, en el lugar debe haber una estabilidad física y química tal, que la salud humana y el medio ambiente no resulten perjudicados. La tierra debe poder servir de hábitat para la fauna silvestre o para un uso beneficioso en actividades tan diversas como la agricultura, pastoreo, recreación o, nuevamente, la explotación minera.

¿Cómo gestionar el cambio conducente a la meta?

Entre los tipos de instrumentos de gestión ambiental que expresan la certificación ambiental emitida por las autoridades administrativas competentes tenemos los planes de cierre de actividades y los planes de descontaminación y de tratamiento de pasivos ambientales. Para revertir las condiciones adversas en los ecosistemas es necesario desarrollar un conjunto de acciones planificadas orientadas a mejorar las condiciones del sistema degradado e incrementar su calidad ambiental, lo que se conoce como restauración ambiental, lo cual incluye diversas estrategias conducentes a recuperar, en lo que fuera posible, el sistema degradado. Las acciones de restauración ambiental pueden orientarse a recuperar las condiciones de origen del sistema, a mitigar y compensar las disfunciones ambientales o a mejorar sus condiciones de afectación e incrementar su capacidad productiva. La elección de la acción dependerá de los diferentes tipos de afectación y de la magnitud de los impactos ambientales.

Una estrategia atractiva para gestionar los PAM dispersos en el país, y mejorar la calidad de vida de las poblaciones que viven cerca de ellos, es la que ha propuesto la empresa estatal Activos Mineros, a través de la licitación de estas áreas para recuperar los minerales del residuo a un costo ventajoso. En la actualidad, existen cerca de 130 millones de toneladas de PAM acumuladas por más de 50 años de actividad minera, y que contienen altos niveles de plomo y zinc, que representan un gran interés debido a los significativos precios que han alcanzado estos metales. Así, este proceso significaría un beneficio social donde las regalías percibidas por el Estado, serían destinadas a las poblaciones comprometidas. Esta iniciativa implica un diagnóstico estratégico que permita identificar y llevar a cabo objetivos específicos vinculados con los lineamientos políticos nacionales, a fin de diseñar los indicadores para el seguimiento de sus avances. Otra iniciativa importante es la creación de un centro de capacitación, con apoyo y experiencia internacional y nacional, para entrenar a profesionales peruanos especialistas en la remediación de PAM, sobre todo en aquellos lugares donde sean considerados críticos por sus probables efectos nocivos en la población. Además de los procesos físicos y químicos tradicionales empleados para la remediación de relaves y desperdicios mineros, es fundamental la aplicación de ‘tecnologías verdes’ que implican innovaciones biotecnológicas basadas en las capacidades de la flora y suelos nativos para la acumulación y secuestro de metales, y de microorganismos para la transformación de los metales en formas inocuas y estables, que no representan un riesgo para los seres vivos. Esta función remediadora de la biota y los suelos puede sistematizarse y aprovecharse en estructuras verdes, como los pantanos artificiales, que limpian de manera controlada las aguas ácidas y contaminadas por metales, de la misma manera como lo hacen los bofedales y páramos en las cabeceras de cuenca.

¿Cuánto cuesta lograr la meta del bicentenario?

En 2014 se hizo un inventario de los PAM que nunca fueron cerrados y que siguen contaminando los recursos naturales y la vida de las comunidades humanas aledañas. Según el MINEM, existen 8616 pasivos (de los cuales, 4281 son considerados de alto y muy alto riesgo) a lo largo de 21 departamentos, que fueron abandonados desde 1920 a la fecha, y algunos, incluso, provienen de la Colonia. La Región Ancash es la más contaminada, con 1251 pasivos, seguida de Cajamarca (1075), Puno (1050), Huancavelica (858) y Junín (637), que en conjunto representan 56.5% de los PAM detectados. Se trata de los territorios más afectados, pero no son los únicos. La Dirección General de Minería (DGM) ha calculado en más de US$ 500 millones la inversión para remediar el daño ambiental que causan estos PAM y un periodo de, por lo menos, cuarenta años dentro del plan que el Estado inició desde el 2010 para cerrar los pasivos e identificar a los responsables. En muchos casos, ésta será una labor casi imposible, pues muchas concesiones abandonadas y áreas destruidas le pertenecían a empresas que ya no existen o cuyos dueños y herederos, simplemente, han desaparecido. Según la Defensoría del Pueblo, 7531 casos carecen de responsables y estudios ambientales.


 

Citas bibliográficas

Alegre, A. Los Pasivos Ambientales Mineros en la Legislación Peruana. Lima, octubre 2009.

Defensoría del Pueblo. Serie Informes Defensoriales – Informe Nº 171 ¡Un llamado a la remediación! Avances y pendientes en la gestión estatal frente a los pasivos ambientales mineros e hidrocarburírferos. Lima, junio de 2015.

Gómez, H. El deber jurídico de restauración ambiental. Congreso Internacional de Derecho Administrativo. Derecho Administrativo en el Siglo XXI – Volumen II. Lima: Adrus D&L Editores SAC, 2013, pp. 445 a 466.

Yupari, A. Informe “Pasivos ambientales mineros en Sudamérica” elaborado para la para CEPAL, el Servicio Nacional de Geología y Minería, SERNAGEOMIN y el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales, BGR.

 

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