Policy Brief – Daños ambientales de la minería en el Perú: ¿qué hacer con ellos?

Perspectivas y metas sobre daños ambientales

La minería es el principal motor de la economía del Perú. De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas, el Perú se ubica entre los primeros productores de oro, plata, cobre, plomo, zinc y hierro, lo que representa una cifra significativa en las exportaciones, tributos y generación de empleo. A pesar de ello, la minería es también el origen de daños significativos al ambiente. Un daño ambiental ocurre cuando se produce la pérdida, disminución o degradación de uno o más de los componentes ambientales. Entre ellos, tenemos la alteración de cuerpos de agua, aire, suelos, flora, fauna y paisajes, la deforestación de bosques, y la eliminación o disposición inadecuada de residuos minerales.

La Constitución Política del Perú reconoce el derecho fundamental de todo ciudadano a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Para ello, el Estado ejecuta políticas que expresan acciones de prevención y conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas; de planificación y ordenación territorial; de gestión ambiental de los recursos naturales; de evaluación del impacto ambiental de las actividades económicas; de fiscalización de las obligaciones ambientales de las empresas; y de remediación de los impactos ambientales negativos. Tales obligaciones también alcanzan a los particulares cuyas actividades económicas inciden, directa o indirectamente, en el ambiente e implican que las empresas deben asumir la responsabilidad de los costos de los potenciales impactos en el ambiente.

Tomando en consideración estos aspectos, las metas más urgentes para el 2021 y a largo plazo, deben estar orientadas a identificar, evaluar y remediar los daños ambientales más críticos para mitigar su impacto en la integridad de los ecosistemas y en la salud humana. Sin embargo, para que este proceso tenga éxito deben adecuarse los aspectos legales y normativos sobre la fiscalización de esta actividad y sobre la responsabilidad en la reparación de los daños ambientales.

 

¿Por qué es importante evaluar los daños ambientales?

La contaminación minera se produce principalmente por el drenaje ácido de mina, causado por la oxidación y lixiviación de minerales sulfurosos. Entre las principales amenazas, se encuentran los pasivos ambientales mineros (PAM), que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema y la propiedad. En el Perú, existen muchos casos en los que la minería ha tenido un impacto ambiental crónico por la liberación de residuos químicos, relaves, gases tóxicos, polvos, drenajes ácidos y destrucción irreversible de ecosistemas. Uno de los casos más resaltantes es el de Cerro de Pasco, donde se registra una elevada contaminación por metales tóxicos y una población seriamente afectada por su acumulación en dosis que superan los límites máximos aceptados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Otros daños ambientales irreparables se observan en Madre de Dios, donde la minería ilegal ha proliferado exponencialmente, causando un desastre ambiental sin precedentes y un complejo escenario de conflictos sociales. En los últimos diez años, esta práctica ha destruido más de 50 mil hectáreas de bosques y extensas áreas de ríos, lagunas y pantanos han sido contaminadas con mercurio, un elemento altamente tóxico para el ambiente y el hombre.

 

¿Cómo gestionar el cambio para evitar y controlar los daños ambientales?

La gestión ambiental en el Perú se ha desarrollado de una forma desigual entre los diferentes sectores involucrados, sobre todo los de Energía y Minas y Ambiente. A pesar de los esfuerzos por regular el control de la contaminación y la gestión ambiental, el acercamiento de los diferentes sectores ha demostrado debilidades y vacíos importantes, que incluyen variaciones en el desarrollo de regulaciones apropiadas para proteger el ambiente, y una limitada capacidad para aplicar de manera efectiva y garantizar el cumplimiento de esas regulaciones. Por ello, el primer paso para solucionar el problema de los daños ambientales, sería crear un marco normativo integral, adecuado a la realidad económica y social de todos los mineros, que permita regular el proceso de extracción, tratamiento, transporte y comercialización. Con el objetivo de llevar a cabo un esquema de restauración ambiental, es necesario planificar e implementar un conjunto de estrategias y acciones para mejorar las condiciones y recuperar la calidad del ambiente degradado, las que deben estar de acuerdo al tipo de contaminación y a la magnitud del daño producido.

El marco normativo e instrumentos administrativos descritos líneas arriba, no solo deben estar orientados a mitigar y remediar el deterioro ambiental, sino también a prevenir las causas de los desastres ecológicos producidos por la minería. Entre las medidas que deben adoptarse está asegurar la existencia y correcta elaboración de los estudios de impacto ambiental, realizar estudios técnicos para evitar errores en el diseño de estructuras, aplicar la tecnología más avanzada para el proceso de explotación de minerales, y utilizar las medidas de protección ambiental relacionadas con los posibles riesgos.

La remediación de relaves mineros, debe ser abordada con procedimientos basados en tecnologías tradicionales y nuevos horizontes tecnológicos, como la nanotecnología y la tecnología de los materiales, y las ‘tecnologías verdes’ basadas en las capacidades de la flora y suelos nativos para la acumulación de metales, y de microorganismos para la transformación de los metales en formas inocuas para la biodiversidad y la salud humana. Esta estrategia debe ir acompañada de la creación de centros de capacitación en remediación ambiental, sobre todo en aquellos lugares que sean considerados de mayor riesgo por sus probables efectos nocivos en la población más vulnerable.

 

¿Cuánto cuesta lograr la meta del bicentenario?

El régimen general de responsabilidad ambiental establecido por la Ley General del Ambiente, han creado un escenario legal confuso que viene perjudicando la labor y eficacia del derecho ambiental peruano. Bajo este modelo, cuando el Estado identifica con medios probatorios al causante de un daño ambiental, el costo debe ser asumido por el que contamina. Sin embargo, cuando no se puede identificar al causante o no se puede obtener de él los medios económicos para reparar el daño, el costo debe ser asumido por la sociedad y las generaciones futuras, y reparado por el Estado.

En 2014 se hizo un inventario de los PAM que nunca fueron cerrados y que siguen contaminando los recursos naturales y la vida de las comunidades humanas aledañas. Según el MINEM, existen 8616 pasivos a lo largo de 21 departamentos. La Región Ancash es la más contaminada, con 1251 pasivos, seguida de Cajamarca (1075), Puno (1050), Huancavelica (858) y Junín (637), que en conjunto representan 56.5% de los PAM detectados. La Dirección General de Minería ha calculado en más de US$ 500 millones la inversión para remediar el daño ambiental que causan estos PAM y un periodo de, por lo menos, cuarenta años dentro del plan que el Estado inició desde el 2010 para cerrar los pasivos e identificar a los responsables.

Con respecto al cálculo del valor de los daños producidos por la actividad minera sobre los recursos hídricos, es necesario señalar que las sanciones a las infracciones ambientales se basan en criterios administrativos. Esto quiere decir que la multa sanciona la falta administrativa por exceder un LMP de un parámetro ambiental contaminante, o por no contar con un registro de monitoreo de los contaminantes emitidos, pero no se establece sobre la base de criterios económicos (cualitativos y cuantitativos), que reflejan el potencial daño de la contaminación minera sobre el ambiente. Por ello, la normativa debería modificarse para que las multas se impongan por el impacto de los contaminantes en el ambiente y no solo por el volumen del contaminante vertido.

En 2012 Herrera & Millones calcularon el costo económico de la contaminación del agua por la actividad minera en los años 2008 y 2009 para unidades mineras ubicadas en Ancash, Arequipa, Cajamarca, Huancavelica, Junín, La Libertad, Lima y Pasco. Para ello, se consideraron trece factores contaminantes que tienen una influencia negativa sobre los recursos hídricos. Las estimaciones se realizaron de acuerdo al criterio económico de la Eficiencia Medioambiental, que establece que las empresas mineras son ambientalmente eficientes si pueden incrementar su producción, con la tecnología disponible, sin dañar el medio ambiente. El costo económico de la contaminación se estimó a partir de los ‘precios sombra’ calculados a partir del valor monetario que las empresas mineras dejarían de ganar si tuvieran que reducir en 1 mg/L la contaminación ambiental que generan. Así, el costo de la contaminación minera se calculó a partir del resultado del producto de dichos precios sombra para cada parámetro contaminante y los valores promedio anuales vertidos en los recursos hídricos, que superaron los LMP. Según este estudio, para el año 2008 y 2009, respectivamente, el costo económico de la contaminación ambiental minera sobre los recursos hídricos ascendió, en promedio, a US$ 814.7 en el 2008 y a US$ 448.8 millones, en el 2009.

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